Punto de quiebre / Jaime Sánchez Susarrey

No hubo sorpresa alguna. El Tribunal Electoral emitió un fallo desfavorable a López Obrador. Hay que subrayar, además, que fue por unanimidad. Los magistrados no encontraron dolo ni un gran fraude maquinado. Los votos anulados, casi 300 mil, no modificaron los números generales. La diferencia entre Calderón y AMLO se redujo en poco más de 4 mil votos. Nada más. Ese es el resultado del conteo en las más de 11 mil casillas. Así que ya es oficial. Felipe Calderón ganó la elección por una diferencia de 0.58 por ciento.

Falta ahora la calificación definitiva de la elección presidencial. El Tribunal valorará las impugnaciones generales de la coalición Por el Bien de Todos. En teoría existe la posibilidad de que se aplique la causal de nulidad abstracta y se decrete la anulación de los comicios. No hay, sin embargo, probabilidades reales de que así ocurra. Todo indica que hacia el 6 de septiembre los magistrados declararán a Felipe Calderón Presidente electo. AMLO y sus entornos lo saben perfectamente. Por eso han endurecido su discurso.

El fallo definitivo del Tribunal constituye un punto de quiebre. La incertidumbre y la zozobra quedarán atrás. El candidato de Acción Nacional, ya como Presidente electo, gozará de un mayor margen de maniobra hacia el interior de su partido y hacia el exterior. Ya no tendrá sentido que mantenga un bajo perfil. Podrá presentarse y actuar como lo que es, el nuevo presidente de la República. Su injerencia en las decisiones que tome Vicente Fox en los meses que vienen, hasta el 1o. de diciembre, será determinante.

No sólo eso. Recibirá, como ya está ocurriendo, el apoyo y la felicitación de la prensa internacional y de los gobiernos de todo el mundo, con la posible excepción de Hugo Chávez de Venezuela. Esto aislará y debilitará aún más la causa de López Obrador. Ya no hay cabida para la benevolencia con que fue tratado por varios medios, notoriamente The New York Times y El País. Se ha hecho completamente evidente lo que algunos advertimos mucho tiempo atrás: el candidato de la coalición Por el Bien de Todos representa un grave peligro para el futuro de su partido y para el país en su conjunto.

Para López Obrador el fallo del Tribunal constituye, también, un punto de quiebre. La vía legal quedará definitivamente cerrada. La descalificación de todas las instituciones y la convocatoria de la Convención Nacional Democrática son una y la misma cosa. La estrategia, por más que se colore de blanco y se defina como pacifista, se propone derrocar el orden existente para levantar sobre sus cenizas un régimen revolucionario, presidido por el mesías de Macuspana.

En ese sentido, no hay que hacerse ilusiones. El sainete que estamos viendo y viviendo puede terminar muy mal. No en una revolución, pero sí en un conflicto de dimensiones considerables. Los ingredientes de esa explosiva mezcla están a la vista: AMLO está convencido de que la elección le fue robada y de que esa imposición atenta contra los intereses de las grandes mayorías y de la nación.

Así lo estableció en la carta de 10 puntos que publicó el 8 de agosto: "En el fondo, quieren que aceptemos sin chistar la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la migración, los salarios de hambre, el cierre de espacios en las universidades públicas, la aprobación del IVA en medicinas y alimentos, la privatización de la seguridad social, de la industria eléctrica y del petróleo; y permitir que den el golpe definitivo a millones de productores con la libre importación maíz y frijol del extranjero".

Perogrullo: frente al desastre que significa la usurpación de Felipe Calderón, cualquier medio se justifica para "defender la democracia y todo lo que ello implica". No importa que esa convergencia se dé con los movimientos sociales radicales, con las organizaciones armadas clandestinas o incluso con sectores del crimen organizado -si resultan útiles porque contribuyen a debilitar al enemigo principal-. AMLO no se tentará el corazón para hacerlo. Su historia política lo confirma. Sus aliados más cercanos e incondicionales en el PRD han sido siempre Dolores Padierna y René Bejarano, de claro tinte gansteril.

Por lo demás la convergencia es obvia, los movimientos radicales que operan al margen de la ley y en contra de las instituciones del Estado parten del mismo diagnóstico: hay que arrasar el viejo orden para edificar instituciones que sirvan de verdad al pueblo. Las diferencias en cuanto a la naturaleza del nuevo régimen pueden variar: los grupos guerrilleros socialistas se asumen como la única vanguardia revolucionaria, pero eso no obsta para que se puedan tejer alianzas con un objetivo inicial fundamental: derrocar al mal gobierno.

La pregunta de los 64 millones de pesos es qué harán los sectores moderados del PRD, que están representados en el Congreso y que se han constituido en la segunda fuerza política nacional. Su dilema es obvio: o se comportan como una oposición leal que respeta la ley y las instituciones o se suman incondicionalmente al movimiento de AMLO y utilizan la tribuna parlamentaria para mantener una confrontación abierta y permanente. Lo ocurrido durante el sexto Informe es un primer y mal indicio de lo que ocurrirá cuando menos en lo que resta del mes de septiembre.

Frente a esta realidad, el gobierno de la República y el propio Felipe Calderón deben hacer sus sumas y sacar sus cuentas. La Constitución establece que los nombramientos del jefe de la Policía y el procurador de Justicia del Distrito Federal corresponden al presidente de la República. Dado el clima de polarización y enfrentamiento que hoy prevalece, sería absurdo que se dejaran como hasta hoy ambas responsabilidades en manos de dos incondicionales de López Obrador.

En la misma perspectiva, se debe reflexionar sobre la posibilidad de abrirle un juicio político al jefe de Gobierno de la Ciudad de México por incumplimiento y violación de la ley. Sus reacciones y declaraciones en torno al secuestro del Paseo de la Reforma no dejan lugar a dudas. Alejandro Encinas no está al servicio de la ley ni de los ciudadanos; es un incondicional de AMLO y se comporta como tal.

En suma, el gobierno debe actuar con la ley en la mano y utilizar, cuando sea necesario, la fuerza pública. Pero debe también tender puentes con los sectores moderados y racionales del perredismo. Son dos vías complementarias. No existe otra alternativa. Felipe Calderón no puede tomar el poder en una ciudad sitiada y gobernada arbitrariamente por el PRD. Amén de que los ciudadanos no nos merecemos el maltrato que se nos ha venido dando.